Por: Martín Arana, especialista técnico de la FCDS Perú.
En diciembre del 2023, todo el Perú se conmocionó ante la lamentable noticia de la matanza de 9 trabajadores mineros en la mina “La Poderosa”, en la provincia de Pataz, a manos de mineros ilegales producto de una escalada sin precedentes del crimen organizado en el territorio nacional.
Múltiples noticias, informes y reportajes dan cuenta y registro evidente del afianzamiento del crimen organizado, el sicariato y extorsión, minería ilegal, narcotráfico, tráfico de tierras, entre otros delitos; asimismo, evidencia la poca capacidad de respuesta por parte del Estado con medidas insuficientes y poco efectivas.
En este contexto, el país en su conjunto demandó acciones claras y decididas para enfrentar el crimen organizado y delitos como la minería ilegal.
Cuatro meses después, en su discurso de investidura, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció ante el Congreso de la República sobre la formalización: “la conformación de una comisión multisectorial, con participación de diferentes actores, que se encargará de formular una propuesta integral antes de diciembre del 2024 para que se implemente en el 2025”, evidenciando que no se tiene idea de cómo abordar un problema que es crítico y urgente.
Es importante recordar que la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, aprobada el 2022, establece líneas de acción estratégicas para la formalización de este sector productivo; en este caso, lo que se requiere es implementar lo señalado en la Política, ajustar y fortalecer los mecanismos legales y operativos para deslindar con la minería ilegal.
De otro lado, desde el 31 de diciembre del 2021 con la aprobación de la Ley n.° 31388, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Energía y Minas, tiene el mandato de formular una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal; es decir, dos años después, luego de una matanza y la proliferación de la minería ilegal, como si se tratara de una metástasis, se anuncia con solemnidad la creación de una nueva comisión para ver el tema.
Por si fuera poco, el pasado 13 de marzo, el Congreso de la República, por amplia mayoría aprobó el Proyecto de Ley n.° 07278/2023-CR, que deroga la disposición complementaria del Decreto Legislativo n.° 1607 referida a la minería ilegal y el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), limitando así la acción de la Policía y la administración de justicia; esto significa un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y la minería ilegal. Con esta derogatoria, los mineros inscritos en el Reinfo que no han cumplido sus obligaciones podrán mantener su impunidad hasta diciembre del 2024.
A pesar que diversos especialistas y sectores advirtieron los riesgos de aprobar esta Ley, el Ejecutivo no la observó; por el contrario, el actual ministro de Energía y Minas declaró: “Simplemente nosotros dijimos: ‘vamos a allanarnos’. Pero, eso no significa que vamos a quedarnos con los brazos cruzados”; al parecer una nueva comisión es la respuesta, pero en la práctica solo es otra postergación de la toma de decisiones. Si bien esto es grave, recordemos que el Congreso tiene en agenda proyectos de ley que buscan ampliar, abrir e incluso establecer una formalización permanente, perpetuando la informalidad y la ilegalidad.
Finalmente, en noviembre del 2023, la Global Initiative publicó el Índice Global de Criminalidad donde se ponderan indicadores de criminalidad y crimen organizado, la capacidad de respuesta y los niveles resiliencia de los estados. En esta evaluación global, el Perú mostró un incremento de la criminalidad (incremento de 0.8 puntos) y una reducción de la resiliencia (reducción de 0.21 puntos); es decir, estamos en peores condiciones que en el 2021. El informe del criminalidad global del 2023 destaca entre sus principales hallazgos: “Los actores estatales siguen siendo los principales medios para facilitar las economías ilícitas e inhibir la resiliencia”, así el actuar del Congreso de la República y la inoperancia del Ejecutivo parecen confirmar esta preocupante conclusión.
