Por: Mariano Castro Sánchez-Moreno
Director de Unidos por los Bosques
Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible Perú
Garantizar el establecimiento de los derechos humanos, así como un entorno seguro y propicio para el ejercicio de estos es una obligación básica del Estado social y ambiental de derecho.
Por ello, la reciente sentencia unánime del Juzgado Penal Colegiado de Ucayali sobre el caso Saweto es un referente y, a la vez, un desafío para las políticas de Estado sobre justicia ambiental. Este Juzgado impuso una condena 28 años y 3 meses de pena privativa de la libertad efectiva a los coautores directos y a los autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, con la circunstancia agravante de alevosía. Esta decisión es justa, está sustentada adecuadamente y valora bien las pruebas y las evidencias mostradas por la fiscalía y la defensa de las víctimas.
Un primer asunto que debe cambiar es el relacionado con las políticas públicas para garantizar el derecho de acceso a la justicia ambiental. La lucha de 10 años de la comunidad de Alto Tamayo–Saweto, especialmente de las viudas de los líderes ashéninkas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinedo Ramírez y Leoncio Quintisima Meléndez, es una lección palpable para que la justicia no sea insensiblemente tan lenta ni lejana. El sistema de justicia peruano debe garantizar procedimientos efectivos y oportunos, adoptar medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia y, además, garantizar el uso de la interpretación a los idiomas de los pueblos indígenas.
Además, debe mejorarse significativamente el acceso a la justicia administrativa, pues los líderes asesinados también reclamaron atención para frenar las acciones de los taladores ilegales, grupos organizados que querían depredar su comunidad.
Un segundo aspecto de cambio es el relacionado con la obligación que tiene el Estado de garantizar la adecuada ejecución de los mecanismos de protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales y de los pueblos indígenas. Al respecto, entre otros asuntos, es cuestionable que el Poder Ejecutivo y el Congreso hayan omitido en el presupuesto de la República los recursos necesarios para que el mecanismo antes mencionado pueda ejecutar acciones preventivas o de emergencia. En varias zonas de la Amazonía peruana existen graves y crecientes amenazas a la vida y seguridad contra las personas defensoras ocasionadas por el crimen organizado y otras actividades ilícitas. El Estado debe actuar para garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de los derechos.
Un tercer aspecto es que el país debe valorar el enorme daño que significan las 150 mil hectáreas de deforestación a nivel nacional. Y, Ucayali, región a la que pertenece Saweto, encabeza a nivel nacional la deforestación acumulada con 542 mil hectáreas entre el 2001 y el 2022. Con estos niveles de deforestación perdemos todos. Esta deforestación exige cambios en las políticas sectoriales y regionales, así como en la normativa recientemente aprobada que pretende regularizar la deforestación y dejar impune las actividades ilícitas causadas por taladores ilegales, mineros ilegales, narcotráfico, etc.
Estos aspectos son algunas de las lecciones que nos ofrece emblemáticamente el caso de Saweto. No solo la sentencia debe ser confirmada y ejecutada, sino que también deben darse cambios importantes en las políticas públicas y en el desempeño del país para el desarrollo sostenible.
Foto: Andina.
