Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible lidera un espacio de articulación en Loreto para consolidar la cooperación interinstitucional frente a los delitos ambientales. Durante tres días, fiscalías y entidades de fiscalización compartieron diagnósticos, casos y estrategias conjuntas para fortalecer la justicia ambiental en la Amazonía.
Iquitos, 18 de septiembre de 2025. – Con el lema “Articulación que transforma, justicia que avanza”, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS–Perú) propició en Loreto, el intercambio de experiencias entre entidades administrativas de fiscalización y fiscalías ambientales, un espacio que durante tres días reunió a las instituciones responsables en la lucha contra los delitos ambientales en la Amazonía.
El encuentro contó con la participación de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (CNFEMA), fiscalías de Loreto y Ucayali, y representantes de entidades como OEFA, SERFOR, OSINFOR, ANA, SUNAT, UIF, SBS, SERNANP, DICAPI, la Contraloría General de la República y los gobiernos regionales.
Las jornadas de trabajo se centraron en los principales desafíos que enfrenta la región frente a delitos ambientales como la minería ilegal y la tala no autorizada, actividades muchas veces vinculadas al crimen organizado.
Durante el primer día se desarrolló un panel de expertos que abordó las principales modalidades delictivas y su relación con el crimen organizado. Asimismo, los participantes realizaron un diagnóstico de la problemática ambiental en Loreto, identificando actores involucrados, puntos vulnerables y zonas críticas. Con el apoyo de un mapa base de la región, lograron ubicar los lugares de mayor riesgo y trazar las principales rutas del delito.
Un momento clave del segundo día fue la visita a un aserradero en el distrito de San Juan Bautista (Loreto), donde se llevó a cabo el taller técnico “Operación Bosque Ilegal: El Aserradero de Sombras”. Esta simulación en tiempo real permitió a los participantes aplicar herramientas de georreferenciación y análisis de evidencias, fortaleciendo sus capacidades en la investigación y persecución de delitos ambientales.
“Estamos en el aserradero San Juan, para hacer un ejercicio práctico con la fiscalía, con OSINFOR, SERFOR y SERNANP. La idea es que, tanto desde la fiscalización, la investigación de casos o posibles casos vinculados a delitos ambientales, como la tala ilegal, veamos qué información es útil tanto desde la fiscalización para la construcción de un caso y una investigación”, declaró Martín Arana, Líder de Gestión Territorial Amazónica.
En la jornada de cierre se organizaron mesas de trabajo interinstitucionales, donde se analizaron casos resueltos y se plantearon estrategias para armonizar la normativa ambiental y penal, identificando vacíos y contradicciones que limitan la sanción efectiva. Esta reunión facilitó la formulación de propuestas conjuntas, como protocolos de intervención, canales seguros de intercambio de información y mecanismos de alerta temprana.
“Para nosotros es vital que, por ejemplo, los señores fiscales sepan qué pedirnos en los objetos periciales. Que sepan cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos, que sepan cuáles son las limitaciones que tenemos. Con esta articulación, con este acercamiento y contacto directo, disminuiríamos estas barreras burocráticas, acortando el tiempo para una respuesta mucho más efectiva”, enfatizó Miguel Ángel Carrera, coordinador de Servicios Periciales de la Oficina de Peritaje del Ministerio Público.
El intercambio permitió que las autoridades se conocieran, compartieran experiencias, conocimientos y desafíos institucionales, y coordinaran acciones para consolidar la cooperación y el trabajo conjunto.
Representantes de FCDS–Perú destacaron que este espacio reafirma el compromiso de la organización en fortalecer la articulación entre el Estado y los operadores de justicia, ofreciendo asistencia técnica y promoviendo soluciones prácticas para proteger los bosques amazónicos y a las comunidades locales.
“Es importante que desde la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible se impulsen espacios como en el que estamos ahora, donde tenemos a funcionarios y especialistas de entidades encargadas de la administración de justicia, como en la fiscalización vinculada a diversos delitos ambientales y otros, pues permite que en la práctica, puedan darse un momento y un espacio para poder hacer un análisis de las dinámicas territoriales de diferentes hechos delictivos que vienen afectando la Amazonía y en particular la región Loreto”, señaló Arana.
De esta manera, Loreto se consolida como el punto de partida de un trabajo articulado hacia una justicia ambiental más sólida y coordinada, sentando las bases para fortalecer la cooperación interinstitucional, generar sinergias y emprender acciones conjuntas más efectivas frente a los delitos que amenazan la Amazonía, con miras a replicar esta experiencia en otras provincias de la región.
