Fiscales, jueces y especialistas nacionales e internacionales se reunieron los días 9 y 10 de marzo en la Conferencia Internacional “A 20 años de la Autoridad Central en el Perú: retos y oportunidades de la cooperación judicial internacional en materia penal en el siglo XXI”, un espacio de diálogo técnico orientado a analizar los desafíos que enfrenta la cooperación judicial internacional ante la creciente complejidad del crimen organizado transnacional.
El encuentro fue organizado por el Ministerio Público del Perú, a través de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones (OCJIE), con el apoyo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS – Perú), Basel Institute on Governance y la Cooperación Suiza, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). La conferencia permitió intercambiar experiencias, herramientas, desafíos y buenas prácticas orientadas a fortalecer la investigación de delitos que trascienden las fronteras nacionales.
Durante la inauguración del evento, Elmer Chirre Castillo, fiscal adjunto supremo y jefe de la OCJIE, destacó la importancia de consolidar al Ministerio Público como la autoridad central encargada de canalizar los mecanismos de cooperación jurídica internacional, las extradiciones y otros procedimientos de asistencia entre Estados para enfrentar la criminalidad transnacional. En ese marco, subrayó que fenómenos como el lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de armas, la corrupción, los delitos ambientales y el ciberdelito desafían las estructuras tradicionales de investigación penal y requieren respuestas coordinadas entre jurisdicciones.
Asimismo, Manuel Zapata, subdirector de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS – Perú), participó en la apertura del encuentro y resaltó la importancia de fortalecer los espacios de coordinación y articulación interinstitucional para enfrentar economías ilícitas que operan a escala regional y que afectan tanto la gobernanza como la protección de los ecosistemas. Al respecto, señaló que la cooperación judicial internacional ya no puede entenderse como una herramienta complementaria, sino como una condición indispensable para enfrentar las nuevas dinámicas de la criminalidad organizada transnacional que afecta nuestros bosques, ríos y biodiversidad. Asimismo, señaló que estos mecanismos permiten robustecer las investigaciones penales, facilitar el intercambio oportuno de información y seguir la ruta del dinero con el propósito de desarticular las estructuras financieras que sostienen estas redes delictivas. Finalmente, destacó el rol estratégico de la cooperación para la protección de nuestros ecosistemas, de la Amazonía y de los derechos de las comunidades que dependen de ellos.
Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el análisis de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) como una herramienta que permite desarrollar investigaciones coordinadas entre autoridades de distintos países. En este marco, se destacó la necesidad de incorporar un enfoque dual en las investigaciones, orientado no solo a la persecución de las organizaciones criminales, sino también a la identificación, rastreo y recuperación de sus activos. Esta modalidad de cooperación resulta especialmente relevante frente a fenómenos criminales complejos, como los delitos ambientales, que actualmente forman parte de cadenas ilícitas que integran la extracción ilegal de recursos, el transporte transfronterizo, la comercialización internacional y el posterior lavado de activos.
En esa línea, los especialistas coincidieron en que el fortalecimiento de mecanismos de cooperación más ágiles, sustentados en relaciones de confianza entre autoridades, permite avanzar desde la persecución de hechos aislados hacia la investigación integral de estructuras criminales, abordando tanto las actividades ilícitas en el territorio como los flujos financieros que las sostienen.
La agenda del encuentro también abordó los desafíos que plantean las nuevas tecnologías para la investigación penal. En el panel dedicado a la investigación transfronteriza de delitos en entornos digitales, Katherine Alfonso, consultora de FCDS – Perú, presentó el estudio “Activos virtuales: riesgos y desafíos para seguir la ruta del dinero procedente de delitos ambientales en Colombia y Perú”, en el que analizó los retos que representan los criptoactivos para la cooperación judicial y el rastreo de flujos financieros ilícitos.
Finalmente, las discusiones del encuentro resaltaron la necesidad de fortalecer la articulación entre autoridades nacionales, organismos internacionales y entidades especializadas para responder a las nuevas dinámicas del crimen organizado. Los participantes coincidieron en que la cooperación, el intercambio de información y la innovación institucional constituyen elementos estratégicos para mejorar la capacidad de los Estados para investigar y desarticular redes criminales complejas.
