El año 2024 ha estado marcado por múltiples eventos que ponen en evidencia los graves efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, reafirmándolos como desafíos globales que requieren urgente atención. Solo en regiones como América Latina persisten y se expanden las actividades humanas desarrolladas en contextos de ilegalidad y vulneración de derechos.
Bajo este panorama, identificamos cinco hechos que han marcado este año en materia de conservación y desarrollo sostenible en Sudamérica, con especial énfasis en el Perú como nodo estratégico del subcontinente:
Punto de inflexión en la Amazonía: un estudio publicado en la revista Nature reveló que debido a la deforestación y el cambio climático este bioma está cerca de alcanzar un punto de inflexión, en el cual se convertiría en un ambiente más seco y menos biodiverso. Esto desencadenaría una liberación masiva de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono (CO2).
De acuerdo a la investigación, se estima que para el 2050, entre el 10% y el 47% de los bosques amazónicos estarán expuestos a perturbaciones agravadas que pueden desencadenar transiciones ecosistémicas inesperadas y exacerbar los efectos del cambio climático a nivel regional. Más aún, se identificó puntos críticos en Guyana, Venezuela, Colombia y Perú al estar sometidos a mayores presiones.
Por otro lado, remarca que la conectividad entre paisajes y regiones amazónicas puede tener efectos positivos, como aumentar la resiliencia de los bosques, pero también es propensa a propagar perturbaciones como los incendios forestales y actividades ilegales como la tala y quema. Por ello, los autores hacen hincapié en que las políticas públicas de un país afectan también al resto de naciones y que es necesario un enfoque precautorio, es decir, tomar medidas que ayuden a garantizar límites seguros para la selva amazónica.
Incendios forestales: Diversos países de Sudamérica, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, batieron récords históricos de incendios forestales este 2024. Por ejemplo, solo Brasil presentó un incremento del 104% en los ocho primeros meses del año en comparación con el 2023. El aumento de estas emergencias en toda la región responde a múltiples causas como las sequías más intensas debido al cambio climático, el cambio de uso de la tierra mediante prácticas agrícolas y ganaderas no sostenibles, como es la tala y quema de bosques.
En el Perú, unos 20 departamentos se vieron afectados por incendios forestales entre agosto y septiembre de 2024, lo que además de influir en la pérdida de biodiversidad y la provisión de agua y la emisión de gases de efecto invernadero, tienen un gran impacto en la salud pública. Esto genera grandes riesgos, especialmente para las poblaciones locales, como quemaduras, lesiones, y secuelas que pueden durar años en las vías respiratorias, así como en la salud mental de las personas que son obligadas a desplazarse.
Tal como en el caso anterior, las políticas públicas también juegan un rol en la prevención de estos siniestros. Particularmente, el debilitamiento de la normativa ambiental, como la llamada “Ley Antiforestal” aprobada este año por el Congreso, que abre camino para la legalización de tierras deforestadas, puede incidir en el incremento de la quema de bosques. Así también, las áreas afectadas por los incendios también pueden terminar siendo aprovechadas por economías ilegales como los cultivos ilícitos.
Defensores ambientales: el 85% de los casos de asesinatos a personas defensoras ambientales a nivel mundial se cometieron en América Latina durante el 2023, según reportó la organización Global Witness en su reporte anual publicado este año. Esta alarmante realidad se debe a la creciente presión sobre los recursos naturales, la expansión de delitos ambientales como la minería ilegal y la tala ilegal, y la falta de mecanismo de protección para los individuos y grupos que defienden el derecho de vivir en un ambiente sano. Cuatro países de la región ocuparon los primeros lugares en índice de homicidios a defensores: Colombia, Brasil, Honduras y México.
En el Perú, entre 2013 y 2024 se registraron 61 crímenes contra personas defensoras ambientales, de los cuales, buena parte han acontecido en regiones amazónicas. Este panorama desolador se acrecienta con los casos de acoso, campañas de desprestigio, violencia psicológica y/o sexual, agresiones físicas y verbales contra defensores ambientales y sus familias. Evidentemente, este contexto evidencia la ineficacia en la aplicación de las medidas de protección establecidas en la amplitud de normas vigentes.
Este año, tres defensores ambientales, que resistían ante el avance de economías ilegales fueron asesinados: Victorio Dariquebe Gerawairey, líder indígena harakbut y guardaparque de la Reserva Comunal Amarakaeri, Mariano Isacama, líder indígena kakataibo, y el líder indígena Gerardo Keimari Enrique, también de la Reserva Comunal Amarakaeri.
La COP16: La Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, llevada a cabo en Cali, Colombia, ha significado un paso importante en los esfuerzos globales para detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Este evento convocó a líderes mundiales, científicos, organizaciones y representantes de la sociedad civil con el objetivo de Implementar el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
El principal logro de la COP16 fue avanzar en la elaboración de un plan para alcanzar los objetivos de este Marco Global, como es proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas para 2030, reducir la contaminación y detener la extinción de especies. También se acordó crear un nuevo fondo global para repartir los beneficios del uso de Información de Secuencia Digital de recursos genéticos (DSI, por su sigla en inglés).
Otro importante logro ha sido crear un órgano en la cumbre del Convenio sobre Diversidad Biológica para los pueblos originarios, el cual les brindará mayor representación, voz y voto, en las negociaciones.
Históricas sentencias: En este año también hemos sido testigos de dos fallos que sentarán precedentes para la justicia ambiental en el país.
En primer lugar, luego de 10 años de litigio, se dictó una sentencia de 28 años de prisión para los responsables del asesinato de cuatro líderes ashéninkas de la comunidad de Saweto, en Ucayali, cerca a la frontera con Brasil. Como se sabe, en 2014, Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima fueron asesinados por taladores ilegales, tras múltiples denuncias contra los traficantes y una serie de acciones de amedrentamiento y violencia. Tras este suceso, sus deudos, principalmente las viudas de los líderes, Ergilia Rengifo, Julia Isabel Pérez, Lita Rojas y Lina Ruiz, emprendieron este largo proceso durante el cual la comunidad siguió enfrentando amenazas.
En segundo lugar, el Primer Juzgado Mixto de Nauta (Loreto) reconoció al río Marañón y sus afluentes como titular de derechos con el fin de protegerlo de la contaminación ante los reiterados derrames de petróleo del Oleoducto Norperuano. A raíz de la presentación de una demanda por parte de la Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana contra el Estado y PetroPerú interpuesta en 2021, Además, se estableció que las comunidades indígenas son protectoras, defensoras y representantes legítimas del río.
Sin duda el año 2024 ha estado lleno de desafíos que evidencian la fragilidad de nuestros ecosistemas; sin embargo, también hemos sido testigos de avances, como los acuerdos alcanzados en la COP16 y las sentencias judiciales que reconocen los derechos de la naturaleza.
El futuro de nuestro planeta depende de las decisiones que tomemos hoy no solo a nivel individual, sino también a través de las políticas públicas que promuevan la conservación de la naturaleza en sincronía con el desarrollo humano, más aún de paisajes vitales como la Amazonía.
