Más de 120 organizaciones de Colombia, Perú, Brasil y Estados Unidos presentaron sus propuestas en el marco de la cumbre sobre diversidad biológica más importante del mundo, con el fin de actuar frente a este delito ambiental.
Ante la expansión de la minería ilegal de oro en la Amazonía, sus impactos nocivos para el ambiente, la salud pública, la economía y el incremento de la inseguridad pública por la presencia de grupos armados y organizaciones criminales transfronterizas, más de 120 organizaciones de la sociedad civil del continente se han unido para hacer un llamado a sus gobiernos sobre la urgencia de actuar frente a este delito ambiental transnacional.
Durante la Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16), organizaciones de Perú, Brasil, Colombia y Estados Unidos, compartieron una serie de recomendaciones que buscan mitigar y prevenir los daños causados por esta actividad, los cuales afectan sobre todo a las comunidades locales e indígenas e incluso a los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
En el marco del evento “Minería ilegal de oro en la Amazonía: delito ambiental transfronterizo”, realizado el último 23 de octubre en la cumbre que se celebra en Cali, Colombia, se expusieron propuestas que reconocen y se alinean a los esfuerzos de los países amazónicos y de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).
En el evento se sostuvo un panel integrado por Melina Risso, directora de Investigación del Instituto Igarapé, en Río de Janeiro, en Brasil, Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Financiamiento Ilícito (FACT Coalition); Manuel Zapata, vocero legal del Observatorio de Minería Ilegal y Coordinador de Proyectos Binacionales de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo (FCDS Perú) y Esperanza Leal, directora de la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS Colombia).
Los expertos resaltaron la necesidad de abordar integralmente la minería ilegal y los delitos conexos a esta. En esa línea, señalaron que la confluencia de delitos incrementa la inseguridad pública y las violaciones de derechos humanos en la Amazonía, muchas veces a través de la cooptación de instituciones públicas.
Por otro lado, hicieron énfasis en que es fundamental atacar la cadena de suministros de la minería ilegal y su relación con el lavado de activos y otros delitos financieros. Además, indicaron la urgencia de involucrar en la toma de decisiones a las comunidades indígenas y locales, puesto que son directamente afectadas por la contaminación de sus principales fuentes de subsistencia.
Al respecto, Manuel Zapata, coordinador de proyectos binacionales de la FCDS Perú, destacó que es necesario fortalecer la articulación entre los diferentes operadores de justicia para atacar la convergencia de delitos, fomentar la interoperabilidad de información entre las agencias administrativas e impulsar un cambio cultural en los sistemas judiciales para relevar la importancia de las sanciones efectivas en materia ambiental. Sumado a esto, es esencial invertir en alternativas económicas para las comunidades.
“Es fundamental promover un cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible. El desarrollo de las economías locales no está asociado sólo a que haya más recursos financieros, sino también como una medida preventiva alterna a las economías ilegales. Es necesario que los Estados inviertan en estos territorios”, expresó.
Así también, los expertos resaltaron que este es un problema que no solo compete a los países amazónicos, sino que es motivo de preocupación mundial y se necesitan medidas en siete ámbitos prioritarios:
- Promover la responsabilidad compartida: Las organizaciones recalcan que la minería ilegal no es solo un problema de los países productores, sino que también involucra a las naciones importadoras y los centros financieros que facilitan las ganancias ilícitas. Instan a todos los países a cooperar para erradicar el comercio de oro ilegal.
- Fortalecer la gobernanza transfronteriza: Se propone un Mecanismo de Coordinación Conjunta para reforzar la cooperación en áreas fronterizas vulnerables. También se pide un Sistema de Alertas Tempranas para detectar la minería ilegal antes de que se extienda.
- Acciones colectivas para combatir la contaminación por mercurio: Los pueblos indígenas y comunidades locales deben participar activamente en la lucha contra la contaminación por mercurio en los ríos amazónicos, con apoyo técnico y recursos adecuados, partiendo de un mayor reconocimiento de su autonomía y derechos territoriales.
- Lucha contra la financiación ilícita: La minería ilegal genera miles de millones de dólares anualmente, lo que financia redes criminales transnacionales. Se requiere una mayor diligencia en la cadena de suministro de oro y el monitoreo financiero para combatir el lavado de dinero vinculado a esta actividad.
- Un marco legal común para el oro amazónico: Se recomienda establecer normas mínimas en los países amazónicos para hacer frente a la minería ilegal y garantizar que se respete la biodiversidad y los derechos humanos en la región.
- Promover un cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible: Finalmente, las organizaciones abogan por un cambio hacia un modelo de desarrollo que priorice el bienestar social y la conservación ambiental, ofreciendo alternativas viables a la minería ilegal para las comunidades amazónicas.
Estas recomendaciones son el resultado de un esfuerzo conjunto de diversas plataformas institucionales de los mencionados países, como la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (AARIMO) de Colombia, el Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad (OMI) de Perú, el Instituto Igarapé de Brasil y, la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT, por sus siglas en inglés) de EE. UU.
La minería ilegal en la Amazonía peruana
Cabe señalar que la minería ilegal afecta en la actualidad a todas las regiones amazónicas del Perú, principalmente el tipo de minería aluvial en cuerpos de agua mediante el uso de dragas de diverso tamaño. A nivel nacional, se estima que entre un 30 y 70 % de las exportaciones de oro podría tener origen ilegal, siendo el delito con la mayor amenaza de riesgo de lavado de activos, según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Al respecto, es importante destacar que el Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), en una revisión de 100 estudios sobre los efectos de la minería informal o ilegal sobre cuerpos de agua concluye que existe suficiente evidencia de que este tipo de minería es altamente perjudicial para el ambiente y la salud de las personas por los múltiples impactos que ocasiona como la contaminación por mercurio y la deforestación.
Sobre esto último, solo en Madre de Dios se han perdido 18 421 ha de bosque a causa de la minería ilegal entre 2021 y 2022, según reportó la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA). El grado de afectación en territorio equivale a perder toda la provincia constitucional del Callao.
Entérate más de esta problemática en nuestro informe Minería Ilegal en la Amazonía peruana.
En el siguiente Storymap, mostramos videos inéditos recogidos durante un sobrevuelo que impulsamos junto a una comisión de alto nivel del Estado peruano y las embajadas para identificar las zonas críticas de expansión de estos delitos.
