Por Andrea Buitrago, directora ejecutiva de la FCDS Perú.
Múltiples preparativos, acciones, reflexiones y agendas antes, durante y después de la COP16 de Biodiversidad culminada hace poco más de dos semanas en Cali, Colombia. Con éxito ―sin duda― en términos de participación ciudadana, pueblos indígenas y delegados de organizaciones locales de los países parte; por razones de cercanía geográfica, muy concurrido por representantes de América Latina.
Tras 16 Conferencias de las Partes, muchos acuerdos se han hecho: algunos cumplidos, otros en camino y unos tantos sin implementación alguna. El contexto en el que obramos es negativo, pues hasta la fecha los indicadores muestran un dramático descenso de la biodiversidad en el planeta (cerca del 73 %, según el informe Planeta Vivo 2024). A pesar de innumerables esfuerzos y logros, como el incremento en las áreas de conservación, la mejora en experiencias de manejo sostenible de la biodiversidad y un mayor reconocimiento de otras estrategias de conservación, la suma de estos aún no es suficiente para ubicarnos en un lugar seguro. Es decir, la incertidumbre del futuro de la biodiversidad en el planeta ―incluyéndonos― está en el centro de la discusión.
En el marco de esta cumbre internacional se dieron tres avances claves:
- La biodiversidad fue el foco de la discusión internacional como base y motor de la economía mundial.
- El acuerdo para vincular ―al mismo nivel de relevancia― biodiversidad y cambio climático pese a las diferencias en sus discusiones de fondo: el primero un debate científico, mientras el segundo uno económico.
- La creación del órgano permanente subsidiario para pueblos indígenas y comunidades locales, relacionado con el protocolo de Nagoya, es un logro emblemático por el reconocimiento a los saberes tradicionales y ancestrales; además, el reconocimiento que se dio a los pueblos afrodescendientes como custodios de la biodiversidad.
En esta COP quedaron dos temas pendientes de una discusión estructural:
- El acuerdo económico. El destino de los recursos por parte de los países desarrollados, las finanzas verdes y los mecanismos financieros para la sostenibilidad.
- El acuerdo sobre el mecanismo de monitoreo. El diseño, desarrollo y la puesta en marcha del mecanismo está ―en parte― ligado al primer pendiente sobre lo económico.
Asimismo, quedan por delante tres retos importantes:
- Para fortalecer el vínculo entre las agendas de biodiversidad y clima se requiere sinergia y coherencia entre las dos convenciones, esto incluye la eficiencia en los recursos destinados a una y otra.
- Un equilibrio entre el conocimiento y los mecanismos de transición para conseguir las metas de biodiversidad. Las transiciones en cambio climático están relativamente identificadas: descarbonización, transición y eficiencia energética, economía circular, transición en transporte y ambientes urbanos, reducción de la deforestación, uso del suelo y agricultura, etc. Por el contrario, las transiciones en biodiversidad aún no están definidas; aunque se encuentran íntimamente relacionadas con las anteriores, el vínculo todavía no se ha hecho. Este avance contribuirá a la articulación efectiva de los objetivos de las dos convenciones.
- La participación no solo voluntaria del sector privado y la industria en fondos permanentes destinados a la conservación de la biodiversidad, así como en el diseño y funcionamiento de mecanismos financieros innovadores, territoriales y complementarios.
Mientras la agenda mundial de biodiversidad se decanta ―ojalá sin enfriarse― en la preparación para la Conferencia de las Partes de Cambio Climático (COP30), en el vecindario Andino-Amazónico tenemos el reto de reducir la pérdida de biodiversidad, entre otros medios, mediante el combate y prevención de delitos ambientales/economías ilícitas que socavan los medios de vida basados en la conservación y el uso sostenible.
La IV Reunión de Presidentes de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) priorizó como principios transversales para la implementación de la Declaración de Belem la «cooperación policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra las actividades ilícitas, incluyendo delitos ambientales». Esto con la finalidad de fortalecer el nivel de articulación para la prevención, represión e investigación de actividades ilegales, incluyendo delitos ambientales y violaciones a los derechos de las personas defensoras del ambiente.
Compartimos el reto de fortalecer la coordinación y cooperación entre Gobiernos ―en particular― para frenar el avance de los delitos ambientales trasnacionales y el control a grupos armados ilegales en las fronteras de la Amazonia, que cooptan organizaciones y poblaciones locales para el impulso de sus intereses.
Así, tenemos los retos identificados, algunas instancias y mecanismos dados, para sumar gotas al vaso.