- Proyectos analizados favorecen el abastecimiento de insumos y rutas de exportación a favor de 12 zonas cocaleras y 8 cuencas donde operan economías ilegales. Informe técnico de la FCDS Perú plantea la urgente necesidad de incorporar los enfoques territorial y de intervención temprana para planificar proyectos viales.
Lima, 08 de noviembre del 2024. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) identificó cinco proyectos viales que ampliarán de forma considerable las rutas para el abastecimiento de insumos y exportación de productos ilícitos a favor de 12 zonas cocaleras y 8 cuencas donde opera el narcotráfico y la minería ilegal en Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali, Pasco, Junín y Cusco.
Además, estas iniciativas viales han sido planificadas cerca de sectores donde operan grupos armados ilegales de Colombia y Brasil, como el Comando Vermelho y disidentes de las FARC, lo que ocasionaría que estas bandas internacionales extiendan su control territorial en zonas específicas de dichas regiones amazónicas.
Según el análisis realizado, estos proyectos públicos no cuentan con criterios técnicos de planificación adecuados, lo que representa un riesgo para la seguridad nacional dado que fortalecerán las cadenas logísticas del narcotráfico y la minería ilegal, así como la gobernabilidad y la paz social de amplias zonas de la Amazonía peruana.
Esta información fue recogida en el informe¿Hacia la resiliencia de las cadenas logísticas del narcotráfico y la minería ilegal?, donde la FCDS Perú plantea la urgente necesidad de rediseñar la planificación y formulación de proyectos viales en el ámbito amazónico bajo un enfoque territorial y de intervención temprana.
El especialista en infraestructura vial y uno de los autores de este informe, Ciro Salazar, explicó que si bien dichos proyectos viales pueden facilitar el acceso a servicios públicos y dinamizar el comercio, también beneficiarán a diversas actividades ilegales, por lo que es urgente fortalecer los instrumentos de gestión vial y vincularlos a la lucha contra las economías ilícitas.
«La brecha de infraestructura vial en la Amazonía peruana supera los 12 mil kilómetros, una extensión equivalente a cinco veces toda la carretera Panamericana (desde Tumbes hasta Tacna). Por eso, es importante que desde el Estado se pueda planificar el desarrollo vial con instrumentos de gestión que contemplen la variable logística de la ilegalidad, a fin de beneficiar a la población y no a economías ilícitas», dijo Salazar.
Asimismo, subrayó la importancia de que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) provea de insumos metodológicos para fortalecer la elaboración de los planes viales, incorporar información de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sobre actividades ilegales en las zonas a intervenir y tener un enfoque de intervención temprana para abordar la problemática de la ilegalidad desde el planeamiento vial.
¿Cuáles son los proyectos?
Según la información analizada en el informe de la FCDS Perú, se trata de los proyectos viales Puerto Arica-Flor de Agosto, Bellavista-El Estrecho y Jerano Herrera-Colonia Angamos en la región Loreto; así como las iniciativas Pucallpa-Cruzeiro do Sul y Pucallpa Puerto Breu en la región Ucayali.
En todos los casos, estos proyectos viales permitirán la provisión de insumos de la ciudad hacia las zonas cocaleras del Putumayo, Bajo Amazonas, Bajo Ucayali, entre otras; se convertirán en rutas alternativas para exportar productos ilícitos (cocaína, oro, etc.) hacia Brasil y Ecuador; facilitarán la ampliación de cultivos ilícitos de hoja de coca y posicionaría a las ciudades amazónicas como centros logísticos de la ilegalidad.
El especialista Ciro Salazar destacó que urge la necesidad de incorporar el enfoque territorial en el planeamiento vial, de tal forma que las nuevas infraestructuras públicas incorporen las propuestas de actores locales en función de cada problemática, así como intervenciones multisectoriales complementarias para lograr impactos tangibles en la población.
Cabe resaltar que este informe fue compartido con instituciones públicas de todos los niveles de gobierno, así como a organizaciones sociales, con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones de las autoridades locales, regionales y nacionales.
