La iniciativa legislativa busca debilitar el régimen jurídico de las Áreas Naturales Protegidas para generar más recursos destinados al cierre de brechas y contribuir a la seguridad energética. No obstante, esta iniciativa no tiene en cuenta que el sector de hidrocarburos genera altos costes ambientales, sociales y económicos (incluidos subsidios ineficientes y regresivos) sin contribuir al cierre de brechas en sus zonas de influencia, que incluso en algunos casos han incrementado. Cualquier intento de debatir sobre la promoción del sector debe abordar cómo resolver las ineficiencias del mismo y evitar caer en el falso dilema de que para generar más recursos hay que debilitar la institucionalidad ambiental.
