Los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) acordaron iniciar las negociaciones de un protocolo específico para fortalecer la respuesta internacional frente a los delitos ambientales, mediante una iniciativa impulsada por diversos países, entre ellos el Perú.
La relevancia de este acuerdo radica en que abre el camino hacia un marco jurídico internacional más sólido para abordar estos delitos desde una perspectiva de criminalidad organizada y cooperación entre Estados. Su dimensión transnacional y transfronteriza, en numerosos casos, exige respuestas integrales que fortalezcan la cooperación judicial internacional y permitan investigar no solo los hechos ilícitos, sino también las estructuras criminales, las cadenas de suministro y los flujos financieros que los sostienen.
Desde FCDS Perú contribuimos a este desafío mediante tres líneas de acción complementarias:
Monitoreo territorial estratégico: generamos información técnica y georreferenciada sobre las transformaciones del territorio, las presiones sobre los ecosistemas y la expansión de actividades ilegales, entre otras acciones, realizamos sobrevuelos sistemáticos en la Amazonía peruana y sus zonas fronterizas. Esta evidencia contribuye a identificar amenazas y áreas prioritarias, orientar la toma de decisiones y fortalecer las capacidades de prevención y respuesta del Estado.
Fortalecimiento y aceleración: brindamos acompañamiento técnico a fiscalías que abordan los delitos ambientales, bajo enfoques de criminalidad organizada, investigación financiera y patrimonial, y cooperación judicial internacional. Contribuimos a la identificación de estructuras criminales, actores y flujos económicos que sostienen estas actividades ilícitas, así como a la definición de líneas de investigación y diligencias estratégicas que permitan impulsar el avance de los casos.
Entrenamiento especializado y articulación interinstitucional: promovemos espacios de formación técnica, intercambio de conocimientos y experiencias, y articulación entre actores estratégicos para profundizar el análisis de las dinámicas y cadenas de suministro vinculadas a los delitos ambientales, desarrollar herramientas especializadas de investigación y promover la cooperación interinstitucional a nivel nacional y transfronterizo.
La decisión de Naciones Unidas reafirma la necesidad de avanzar hacia respuestas que integren el conocimiento territorial, la investigación de las estructuras criminales y sus economías ilícitas, y la cooperación judicial internacional.
Proteger la Amazonía exige transformar la evidencia en decisiones, fortalecer la justicia ambiental y articular esfuerzos más allá de las fronteras.
