Especialistas y autoridades debatieron en ExpoAmazónica Cusco 2026 sobre el crecimiento de la criminalidad en la región y la necesidad de un enfoque multidimensional que articule gobernanza territorial, inteligencia y desarrollo sostenible.
En el marco de ExpoAmazónica Cusco 2026, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú), el Gobierno Regional del Cusco y la Mancomunidad Regional Amazónica organizaron el foro–taller “Seguridad para la sostenibilidad de la Amazonía”, un espacio de diálogo que reunió a especialistas, autoridades y representantes de la sociedad civil para analizar las condiciones y tendencias de la criminalidad en la Amazonía peruana, así como su impacto en el desarrollo del territorio.
El evento se estructuró en dos bloques temáticos. El primero abordó el panorama de la seguridad multidimensional en la Amazonía. En este contexto, Andrea Buitrago, directora ejecutiva de FCDS Perú, señaló que la situación actual no puede entenderse únicamente como un conflicto entre actores legales e ilegales, sino como una disputa más amplia por el control, uso y significado del territorio. Asimismo, explicó que el crimen organizado ha evolucionado hacia formas de gobernanza híbridas que, en algunos casos, logran reemplazar o capturar funciones del Estado.
En esa línea, destacó que el delito ambiental —como la minería ilegal, la deforestación y el tráfico de recursos— actúa como un dinamizador de otras economías ilícitas, articulando redes que profundizan los impactos en la seguridad climática, humana y económica de la región.
El segundo bloque se centró en las dimensiones clave para enfrentar la criminalidad en la Amazonía peruana. Juan Luis Dammert, consultor del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), analizó la crisis de gobernanza territorial y señaló que la expansión de economías ilegales se ve facilitada por la debilidad institucional y la limitada presencia del Estado, especialmente en zonas fronterizas. Frente a ello, planteó la necesidad de fortalecer la inteligencia policial, mejorar la articulación estatal y promover alternativas económicas sostenibles que respeten la autonomía de los pueblos indígenas.
Por su parte, Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, presentó un análisis sobre las cadenas productivas y los flujos financieros de actividades ilícitas, particularmente del narcotráfico. Su estudio identificó diversos mecanismos de lavado de activos y evidenció que la fragmentación de operaciones y el uso intensivo de efectivo generan vacíos en los sistemas de control, lo que facilita la continuidad de estas economías a gran escala.
Finalmente, Ricardo Pérez Capcha, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, abordó las limitaciones y oportunidades en la aplicación de la ley. Destacó la importancia de fortalecer el marco legal, incluyendo iniciativas internacionales como la propuesta de un protocolo específico para delitos ambientales en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como el rol de la investigación especializada, el uso de tecnología y el seguimiento de las finanzas criminales.
A lo largo del foro, los intercambios en la mesa de expertos entre representantes del sector público y la sociedad civil permitieron contrastar perspectivas y profundizar propuestas para enfrentar de manera integral la criminalidad en la Amazonía.
El foro evidenció que la criminalidad en la Amazonía no solo representa una amenaza ambiental, sino también una crisis de seguridad humana, con impactos directos en la salud, los medios de vida y los derechos de las poblaciones locales. Ante este panorama, FCDS Perú reafirma su compromiso de visibilizar estas conexiones y de construir, junto a gobiernos, comunidades y socios regionales, el conocimiento, las alianzas y las propuestas concretas que la Amazonía necesita para garantizar su sostenibilidad y el bienestar de quienes la habitan.
